18 AÑOS DEL SISTEMA
INTEGRAL DE RIESGOS PROFESIONALES EN
COLOMBIA
El
espíritu de la Constitución de 1991
propendió por la creación de un sistema de Seguridad Social que fuera incluyente y que en un lapso de 10
años permitiera que la totalidad de los Colombianos estuviéramos cobijados por
dicho sistema. Han pasado 18 años desde que se implementara el Sistema Integral
de Riesgos Profesionales, como subsistema del Sistema General de la Seguridad
Social, para lo cual se promulgo la ley
100 de 1993 y especialmente desde la publicación del decreto Ley 1295 de 1994;
pero hagamos un alto en el camino y analicemos si el Sistema Integral de
Riesgos Profesionales ha funcionado para todos los actores y especialmente para
la fuerza laboral.
Desde
el punto de vista económico y como negocio rentable, no hay duda que el Sistema
Integral de Riesgos Profesionales ha
dejado grandes dividendos para quienes fungen como las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), para nadie es
un secreto que las ARP, son un ramo mas de las Aseguradoras Colombianas,
quienes a su vez hacen parte del Sistema
Financiero Colombiano. Cómo no va hacer un negocio muy rentable?, nada más observemos, como estas compañías aseguradoras
tratándose de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional (ATEP), en caso de una reclamación, le dan el mismo tratamiento que a una
reclamación de cualquier otro ramo de seguros, es decir siempre niegan los siniestros por cualquier causa o exclusión. Nada más
analizar el largo y difícil camino que le toca atravesar a un trabajador para
que estas compañías aseguradoras les reconozcan las prestaciones asistenciales
o económicas a que tienen derecho los trabajadores
Colombianos que hayan sufrido un Accidente de Trabajo o una Enfermedad
Profesionales (ATEP).
Ganaron
también las Juntas de Calificación de Invalidez, sobre todo las Regionales de
las grandes capitales y la Junta Nacional, porque su financiación también
proviene del Sistema Financiero a través de las ARP, situación que les ha
permitido crear más salas de decisión y por supuesto mas cargos y me refiero a
las grandes capitales, porque los
honorarios de sus miembros tienen muchos ceros a la derecha.
Perdió
el Ministerio del Trabajo, por que en 18 años ha sido incapaz de vigilar y controlar
el sistema y por supuesto incapaz de imponer sanciones severas a quienes día a día
infringen las normas y vulneran el
derecho de los trabajadores. Es tan notoria la incapacidad del Ministerio de
Trabajo, que ha demostrado claramente que transcurridos más de 18 años de entrada en vigencia el
sistema no ha podido desarrollar
plenamente los mandatos de la Ley 100 de 1993, el Decreto Ley 1295 de 1994, la
Ley 776 de 2002 y el Decreto 2463 de 2001.
Y
el gran perdedor en 18 años es el trabajador Colombiano, pues cada vez se le
reconocen menos sus derechos cuando es víctima de un ATEP, ha sido tan abundante el desarrollo del
Sistema Integral de Riesgos Profesionales para las Compañías Aseguradoras que
han inventado cuanta clase de manuales de
procedimientos y trabas internas, que básicamente cansan por fatiga a un
trabajador que reclama por un accidente o enfermedad, por no hablar de tortuoso
y complicado recorrido que le espera a un trabajador que inicia un tratamiento
y posterior calificación de un ATEP,
empezando por la EPS, pasando por la ARP y terminando con las Juntas de
Calificación Regional y Nacional, en estos trámites tranquilamente un
trabajador se puede demorar más de 4 años.
A
pesar del gran desarrollo que la Corte Suprema y la Corte Constitucional le han
dado al tema a través de la robusta jurisprudencia con que hoy contamos, que
entre muchas cosas le ha ordenado a todos los administradores y calificadores
que a un trabajador en caso de padecer varias enfermedades o haber sido víctima
de varios accidentes laborales o comunes,
están en la obligación legal de
calificarlo integralmente; es decir en un solo acto calificar la totalidad de
las patologías que padezca el trabajador sin importar el origen; esta
obligación jurisprudencial es vulnerada a diario por los administradores del
Sistema, obligando al trabajador a
iniciar tantos procesos como accidentes o enfermedades padezca. Y qué decir
cuando se trata del reconocimiento y pago de una prestación económica, ahí sí
que entre el diablo y escoja, todas las ARP sin excepción hacen lo que
este a su alcance para pagar lo mínimo posible
o en su defecto no pagar, desconociendo sin ningún recato el verdadero estado y pérdida de capacidad laboral del trabajador.
Han
pasado 18 años y nuestra realidad es que
el Sistema Integral de Riesgos Profesionales
a pesar que nació con muchas falencias, hoy por hoy no hemos podido
solucionarlas, superarlas y llevarlo a un
evolución que verdaderamente proteja a la fuerza laboral del país. Esperemos
pasar otros 18 años a ver si algún día podemos hablar con mejor optimismo.
FERNANDO MALAGON
Asesor Jurídico
Consultor Empresarial
310 3264603
