18 AÑOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS PROFESIONALES EN

COLOMBIA

El espíritu de la  Constitución de 1991 propendió por la creación de un sistema de Seguridad Social  que fuera incluyente y que en un lapso de 10 años permitiera que la totalidad de los Colombianos estuviéramos cobijados por dicho sistema. Han pasado 18 años desde que se implementara el Sistema Integral de Riesgos Profesionales, como subsistema del Sistema General de la Seguridad Social, para lo cual se promulgo  la ley 100 de 1993 y especialmente desde la publicación del decreto Ley 1295 de 1994; pero hagamos un alto en el camino y analicemos si el Sistema Integral de Riesgos Profesionales ha funcionado para todos los actores y especialmente para la fuerza laboral.

Desde el punto de vista económico y como negocio rentable, no hay duda que el Sistema Integral de Riesgos Profesionales  ha dejado grandes dividendos para quienes fungen como  las Administradoras  de Riesgos Profesionales (ARP), para nadie es un secreto que las  ARP, son  un ramo mas de las Aseguradoras Colombianas, quienes a su vez  hacen parte del Sistema Financiero Colombiano. Cómo no va hacer un negocio muy rentable?, nada más observemos,  como estas compañías aseguradoras tratándose  de un accidente de trabajo o enfermedad profesional (ATEP), en caso de una reclamación,  le dan el mismo tratamiento que a una reclamación de cualquier otro ramo de seguros, es decir  siempre niegan los siniestros  por cualquier causa o exclusión. Nada más analizar el largo y difícil camino que le toca atravesar a un trabajador para que estas compañías aseguradoras les reconozcan las prestaciones asistenciales o económicas a que tienen  derecho los trabajadores Colombianos que hayan sufrido un Accidente de Trabajo o una Enfermedad Profesionales  (ATEP).

Ganaron también las Juntas de Calificación de Invalidez, sobre todo las Regionales de las grandes capitales y la Junta Nacional, porque su financiación también proviene del Sistema Financiero a través de las ARP, situación que les ha permitido crear más salas de decisión y por supuesto mas cargos y me refiero a las grandes capitales, porque  los honorarios de sus miembros tienen muchos ceros a la derecha.

Perdió el Ministerio del Trabajo, por que en 18 años ha sido incapaz de vigilar y controlar el sistema y por supuesto incapaz de imponer sanciones severas a quienes día a día infringen las normas  y vulneran el derecho de los trabajadores. Es tan notoria la incapacidad del Ministerio de Trabajo, que ha demostrado claramente que transcurridos  más de 18 años de entrada en vigencia el sistema  no ha podido desarrollar plenamente los mandatos de la Ley 100 de 1993, el Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y el Decreto 2463 de 2001.

Y el gran perdedor en 18 años es el trabajador Colombiano, pues cada vez se le reconocen menos sus derechos cuando es víctima de un ATEP,  ha sido tan abundante el desarrollo del Sistema Integral de Riesgos Profesionales para las Compañías Aseguradoras que han inventado cuanta clase de manuales de  procedimientos y trabas internas, que básicamente cansan por fatiga a un trabajador que reclama por un accidente o enfermedad, por no hablar de tortuoso y complicado recorrido que le espera a un trabajador que inicia un tratamiento y posterior calificación de  un ATEP, empezando por la EPS, pasando por la ARP y terminando con las Juntas de Calificación Regional y Nacional, en estos trámites tranquilamente un trabajador se puede demorar más de 4 años.

A pesar del gran desarrollo que la Corte Suprema y la Corte Constitucional le han dado al tema a través de la robusta jurisprudencia con que hoy contamos, que entre muchas cosas le ha ordenado a todos los administradores y calificadores que a un trabajador en caso de padecer varias enfermedades o haber sido víctima de varios accidentes  laborales o comunes,  están en la obligación legal de calificarlo integralmente; es decir en un solo acto calificar la totalidad de las patologías que padezca el trabajador sin importar el origen; esta obligación jurisprudencial es vulnerada a diario por los administradores del Sistema, obligando  al trabajador a iniciar tantos procesos como accidentes o enfermedades padezca. Y qué decir cuando se trata del reconocimiento y pago de una prestación económica,  ahí sí  que entre el diablo y escoja, todas las ARP sin excepción hacen lo que este a su alcance para pagar lo mínimo posible  o en su defecto no pagar, desconociendo sin ningún recato el verdadero estado  y pérdida de capacidad laboral del  trabajador.

Han pasado 18 años y nuestra realidad  es que el Sistema Integral de Riesgos Profesionales  a pesar que nació con muchas falencias, hoy por hoy no hemos podido solucionarlas, superarlas y  llevarlo a un evolución que verdaderamente proteja a la fuerza laboral del país. Esperemos pasar otros 18 años a ver si algún día podemos hablar con mejor optimismo.

FERNANDO MALAGON

Asesor Jurídico

Consultor Empresarial

310 3264603